Cuando asume Cristina Fernandez, la gobernabilidad del sistema estaba garantizada. Con alrededor del 43,90% de los votos, el apoyo de un amplio abanico de organizaciones políticas y sectores sindicales, parecía que la bienaventuranza al fin comenzaba a ganarle a la desesperanza en la Argentina. El poder acumulado por Kirchner hacía presumir un horizonte bastante limpio en términos políticos. Sin embargo, la primera operación necesaria e indispensable para debilitar al máximo al gobierno recientemente electo tuvo que ver con el INDEC. Una vez oradada la confianza en torno al organismo oficial ya no sería posible evaluar con certeza el éxito o el fracaso en los terrenos económicos y sociales. Es decir, al erradicar la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera recurrir a la estadística gubernamental para emitir algún tipo de juicio razonable, queda todo supeditado a los arbitros de turno, como son los medios de comunicación. En este caso, sin esa previa jugada maestra no hubiera sido posible socavar ese handicap inicial otorgado por las urnas. Esta batalla inicial fue subvalorada en sus consecuencias, ya que hubiera sido relativamente más fácil rebatir argumentos desde elementos objetivos, como son las estadísticas que construye el INDEC. Evidentemente hubo algún tipo de elemento de la realidad que coadyuvó a que fuera prácticamente imposible defender el hecho de que se trataba de una operación malintencionda. La batalla por la credibilidad estaba perdida de entrada con la clase media.